Una ley que limita la libertad de expresión

Hace pocos días se promulgó en la provincia de Buenos Aires la ley 14.910, que en su breve texto dice: “Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires el término dictadura cívico-militar y el número 30.000 junto a la expresión desaparecidos cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país del 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.

La ley tiene como destinatarios a los funcionarios públicos que pudieran encontrarse ante la responsabilidad de ordenar la realización de una publicación gráfica o audiovisual o de encabezar un acto público. Quienes omitan incorporar las expresiones establecidas en la ley estarán violándola y podrán ser denunciados penalmente por el delito de abuso de autoridad. Por la misma razón se les podrá instruir sumario administrativo, iniciar juicio político o pedir su expulsión, dependiendo del cargo que desempeñen.

La existencia de dichas sanciones en expectativa implica un condicionamiento ilegítimo al desempeño de las respectivas funciones y también, mucho más grave aún, una inconstitucional restricción a la libertad de expresión. Dicha libertad, de la que gozan tanto particulares como funcionarios públicos en cuanto derecho humano, cuenta con una rigurosa protección no sólo en virtud del texto de nuestra Carta Magna, sino de los tratados internacionales incorporados a la ella.

Es así como la Observación General Nº 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyas opiniones son interpretativas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestra Constitución, ha dicho que “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión . El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”.

En similar sentido, el Pacto de San José de Costa Rica, también incorporado a nuestro texto constitucional, establece que las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las “necesarias para asegurar” la obtención de ciertos fines legítimos, lo que ostensiblemente no ocurre con esta ley, cuyo texto imperativo no resulta en absoluto necesario a los efectos que presuntamente persigue.

Por otro lado, la indefinición de la redacción habilita a preguntarse si la obligación alcanza a los docentes en cuanto integrantes del estado provincial, en cuyo caso se violaría el derecho constitucional a la libertad de cátedra, además de implicar una modificación curricular inconsulta.

Se advierte fácilmente la inconstitucionalidad de la ley sin necesidad de ingresar en el debate histórico sobre la naturaleza de los procesos referenciados y la cantidad de víctimas, sobre la cual dicho debate no ha aportado hasta ahora elementos que permitan sustentar la cifra contemplada en la ley.

Además de los argumentos estrictamente jurídicos, esta ley conspira contra todo intento de unir y pacificar a los argentinos y desalienta la búsqueda permanente de la verdad.

Más allá de las consideraciones políticas, ideológicas e históricas que puedan hacerse, ninguna duda puede caber sobre la indebida limitación que la ley impone a una libertad constitucional, lo que inevitablemente lleva a la necesidad de su derogación.

Fuente: Diario La Nacion

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